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Caso Puebla (1982-2001)", se concretó en una tesis para obtener el grado de doctora en Arquitectura con especialidad en Restauración de Sitios y Monumentos, y que hoy exponemos en la presente obra. Un deseo complementario es que sirva también como guía de investigación y apoyo metodológico para profesionales y estudiantes de áreas afines a la restauración y el rescate de sitios históricos. El trabajo tiene la clara intención de mostrar y evaluar las medidas adoptadas en el Centro Histórico de Puebla durante dos décadas. Su pertinencia y viabilidad están dadas por el impacto que constituye provocar en la esfera del saber una postura crítica encaminada a impulsar este sitio histórico a partir del conocimiento y la participación de todos aquellos sectores interesados en mantener un espacio donde la función social no se encuentre reńida con la morfología urbana y arquitectónica. En esta investigación, el problema se definió a partir del papel jugado por la instrumentación de políticas en un sitio considerado Patrimonio de la Humanidad. El objetivo trazado, inicialmente, fue estudiar la estructuración del Centro Histórico de Puebla en los últimos veinte ańos, mostrando las intervenciones del Estado a través de su legislación e instrumentos de planeacion territorial. Sin embargo, pronto asumimos que el referente para examinar las intervenciones, iba más allá de lo instituido en los planes de desarrollo urbano y del propio Sistema Nacional de Planeación. Así, decidimos emprender una indagación que traspasara el nivel descriptivo y discursivo, ampliando el marco referencial. Para descubrir las políticas de intervención subyacentes en la zona monumental de Puebla, insertamos el estudio en la operatividad del sistema mundial. Esto permitió revelar cuál era la intención de las estrategias diseńada para estos sitios y, al mismo tiempo, mostrar la unicidad de estas ciudades históricas, develando las cualidades que las convierte en focos turísticos potenciales, de atracción a la inversión. El marco referencial adoptado permitió aproximarnos al ámbito mundial donde el eje para emprender nuestro estudio ya no sólo era aplicado al nivel de la articulación de las ciudades medias y pequeńas en el sistema nacional de ciudades, sino a la instrumentación de políticas para la reestructuración de la red de ciudades en la esfera internacional. Estudiar cómo se habían circunscrito las intervenciones en los centros históricos sólo desde la mediación instrumentativa del aparato estatal (leyes, reglamentos, planes y programas de desarrollo, leyes proteccionistas del patrimonio histórico), no era suficiente. Emprendimos, entonces, una indagación en torno a los elementos explicativos que nos permitieran una mejor comprensión de nuestro objeto de estudio. Desde esta perspectiva, decidimos que la delimitación que teníamos que hacer de la realidad social (sincronía) para abordar nuestro objeto de estudio en su devenir histórico (diacronía), conllevaba hacer un corte temporal ante la necesidad de trazar límites de observación para distinguir entre lo dado y lo que está dándose. El periodo abordado de 1982 a 2001 lo consideramos clave al caracterizar una coyuntura política y económica que contiene los elementos necesarios para estar en presencia de dos fenómenos sumamente interesantes: a) la reestructuración del sistema político mexicano; y b) la inserción de nuestro país en la esfera de la globalización. Ambos, ligados con la instauración de un Sistema Nacional de Planeación Democrática en México y a la Declaratoria de Puebla Patrimonio de la Humanidad (junto con otras ciudades en el país). En este contexto, tuvimos que demostrar que el territorio había sido reestructurado siguiendo acuerdos y resolutivos decididos en ámbitos internacionales. Por lo que relacionamos esas resoluciones con el Estado mexicano, en su aplicación de políticas públicas en materia de ordenamiento territorial. Así, quedaban claras las medidas implementadas, tales como: a) las modificaciones constitucionales para considerar al municipio elemento central en la gestión del territorio; b) el cuestionamiento de la participación del Estado en la rectoría de la economía; y c) su consecuente debilitamiento como órgano tomador de decisiones internas. Era el momento crucial para la reordenación territorial globalizada. El establecimiento de un Sistema Nacional de Planeación, seguido básicamente en la década de los ochenta, marchó aparejado al proceso para la inserción de México en la globalización. Los gobiernos locales podrían ahora ser canales directos para la banca internacional en la instauración de proyectos de inversión. En el desarrollo de la investigación, se fue comprendiendo la interrelacionalidad entre lo general y lo particular como parte de un proceso dialéctico. Al articular los niveles regional y local al ámbito mundial, se buscó aportar conocimientos que brindaran mayores posibilidades de comprensión. Esto es, indagar acerca de las políticas públicas de intervención que han regulado la zona monumental de una ciudad patrimonio de la humanidad. El papel que habían jugado las políticas de intervención en la reconformación territorial de los últimos veinte ańos en el Centro Histórico de Puebla, demandaba respuestas que tenían que ser igualmente relacionadas en los ámbitos local e internacional. Los estudios referidos a la normatividad, a los instrumentos de planeación, así como a los procesos de conformación territorial adoptados en este espacio durante el periodo 1982-2001, fueron aquí examinados y considerados a la luz de una estrategia que trasciende las fronteras nacionales. Cuando se pretende tomar a las ciudades como sustento de desarrollo, pasa por desapercibido el hecho que en la globalización existen desigualdades y que los países dependientes están en franca desventaja con los países altamente desarrollados. Los datos y cifras aportados nos condujo a afirmar que en la aplicación de las políticas públicas -incluidas las políticas urbanas-, el Estado ha seguido acciones que no han sido debatidas al interno de la nación, tornándose apremiante la tarea de elaborar políticas en una agenda que contemple la realidad concreta de nuestro país. Las políticas poblacionales, territoriales, de desarrollo, no pueden venir del exterior y, sin mas, imponerse en las sociedades sin considerar sus condiciones particulares. A fin de incidir en estos planteamientos, es que hablamos de la necesidad de pugnar por un Estado fortalecido, que retome su papel de interventor para corregir el mercado privado y mantener el equilibrio en el territorio. En otras palabras, constituirse el Estado en vigilante del bien común. Ante las directrices de organismos internacionales, es pertinente tomar medidas preventivas acerca de lo que puede constituir una amenaza para la salvaguarda de la vitalidad, el carácter particular y la identidad cultural de estos sitios históricos. Si la actividad turística se desarrolla sin objetivos dirigidos al impulso de un turismo responsable inscrito en programas integrales, difícilmente se convertirá en una palanca de desarrollo. El seguimiento de los instrumentos de planeación de la ciudad de Puebla durante las décadas de los ochenta y noventa, arrojó una funcionalización económica del crecimiento que tuvo sus repercusiones inmediatas en la fisonomía urbana. Con una expansión y modernización del comercio monopólico se proyectó un saneamiento del centro histórico que perseguía conseguir una “imagen urbana" atractiva a los turistas. Lo anterior nos conduce a colocar en el centro de la discusión el tipo de ciudad que queremos, la gestión que se requiere y las actividades de participación que habrán de derivar. Es decir: valorar la ciudad de negocios, promoviendo el mercado y la productividad urbana para atraer inversiones y usuarios solventes, es parte de las consideraciones, pero no el punto de partida en la conformación presente y futura de la ciudad. El cambio de imagen que los actuales procesos de conformación de la ciudad va generando -mostrándose particularmente en los sitios patrimoniales-, no puede quedar en una postal de la modernización globalizada. Tiene que ser incluyente y otorgar beneficios para toda la población. Ante esto, creemos que hace falta definir la participación del sector público, privado y social, e incorporar a los nuevos actores (asociaciones, académicos, ONG, organismos comunales, vecinales) en acciones que posibiliten una mejor gestión del territorio; con lo cual estaremos ofreciendo gobernabilidad en las ciudades. Lo que significa que en el discernimiento que se realice a la hora de tomar decisiones políticas, ha de prevalecer el enfoque que pone énfasis en un verdadero compromiso económico y político de los gobiernos con los procesos participativos y democráticos, y con la planificación de abajo hacia arriba. El compromiso podría iniciarse contemplando, desde la etapa de elaboración de programas, la participación de los diferentes grupos con intereses en el sitio. Al cobrar la planeación una dimensión que deja posturas pasivas correctivas e inicia una etapa de anticipación y previsión del ordenamiento territorial en materia de desarrollo urbano, la participación social se vuelve un elemento clave. Reivindicar el sentido de la planeación al recuperar su credibilidad y fortaleza corno instrumento de desarrollo social, sería un buen principio. Cuando se habla de ciudades patrimoniales y turismo, algunos investigadores sostienen que es necesario impulsar políticas de promoción y difusión para atraer inversiones y promover la empresa turística. Con lo cual estamos de acuerdo, siempre y cuando reasignemos al turismo el valor que tiene en el desarrollo nacional. Recordemos que los bienes y servicios de turismo, ligados al sector terciario, no constituyen en sí mismos un detonador para el desarrollo de las economías dependientes como la nuestra únicamente una visión amplia e integral en los sectores productivos generadores de riqueza, lo conseguiría. Empero, el beneficio social, la redistribución del bienestar como producto derivado de los proyectos de restauración, rehabilitación, conservación, imagen urbana, sigue esperando en estos sitios patrimoniales y continúa siendo una meta a alcanzar. Por ello sostenemos que en Puebla, donde confluyen componentes derivados del lugar que ocupa en el estado como ciudad-capital y como centro urbano principal de una zona metropolitana, se encuentra el mayor desafío: cómo equilibrar social y territorial mente lo que a nivel financiero y económico se encuentra en desequilibrio. Ante esto, creemos que sería un buen inicio comprometer a los políticos, a los que ejecutan las decisiones, con los procesos participativos y democráticos. La participación que posibilite la gestión urbana y la autogestión comunitaria es el requisito para construir la ciudad de todos. 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